Parte General, I. cit., p. 519. I., Trotta, Madrid, 1997, p. 80, explican que "los ámbitos garantistas del principio de legalidad comprenden la garantía criminal y penal referida a la creación de normas penales (incriminación primaria); la garantía jurisdiccional y procesal referida a la aplicación de las normas y la garantía de ejecución referida a la ejecución de la pena (incriminación secundaria)"; Montero, J., Gómez C., J.L., Ortells R., M. y Monton R., A., Derecho Jurisdiccional, III. Califica también la conformidad española como una forma de oportunidad, entre tantos, Prada, J., "España", en Maciá, R., Sistemas de Proceso Penal en Europa, Cedecs, Barcelona, 1998, p. 99. La nueva justicia penal frente a la Constitución, LexisNexis, Santiago, 2006, p. 206. 52 Admite esta imposibilidad de forzamiento Piedrabuena, G. Control judicial anterior a la formalización de la investigación (Artículo 186 del C.P.P.). O el MP es libre para actuar en un determinado sentido o no lo es. El principio de exclusividad consiste en que solamente los juzgados y tribunales podrán juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, es decir, serán los únicos que podrán desarrollar la función jurisdiccional. 2, diciembre 2008, pp. Piedrabuena, G., Control Judicial anterior a la formalización de la investigación (Artículo 186 del C.P.P.). al Derecho, a las disposiciones jurídicas, ha de ser reducido al tema de la obligatoriedad de la obediencia aunaparte del Derecho, a las disposiciones jurídicas prescriptivas. Diez-Picazo, L.M., El poder de acusar, Ministerio Fiscal y Constitucionalismo, Ariel, Barcelona, 2000. Es así como la CIDH no ha deducido del principio de legalidad consagrado en el art. y el mismo en "El Ministerio Fiscal entre 'viejo' y 'nuevo' proceso", en Revista de Ciencias Penales, N° especial Ministerio Público, 1990-1993, p. 76, n. 106; Hassemer, ob. Montero A., J., Ortells R., M. y Gómez C., J., Derecho Jurisdiccional. Principio de Obligatoriedad y Principio de Determinación de la Obligación Tributaria por el Sujeto Pasivo. cit., p. 143; y, Del Río F., C., "El principio del consenso de las partes en el proceso penal y enjuiciamiento jurisdiccional: aclaraciones conceptuales necesarias", Revista Chilena de Derecho, vol. cit., p. 15. Disipemos sí que, pese al vínculo expuesto entre el principio de obligatoriedad de la acción penal y el de legalidad sustantiva, no hay entre estos identidad. En el proceso penal nacional se advierten numerosos espacios de discrecionalidad política del órgano público de persecución. 20, 2005, pp. 5 Ejercer la acción penal, strictu sensu, significa formular la acusación, según explica Prieto-Castro y Gutiérrez, ob. Por ello se habla de las diversas garantías contenidas en el mismo. I., Trotta, Madrid, 1997. “Artículo 1361º.-. 395 CPP) y abreviado (art. Bettiol, G., Instituciones de derecho penal y procesal, Bosch, Barcelona, 1977. 49 Sobre el principio de juridicidad o legalidad en la normativa constitucional nacional, v. Cea E., J.L., Derecho Constitucional Chileno, T. I, 2a ed., Ed. Experiencias de derecho comparado, Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 1997, pp. Prieto-Castro, L. y Gutiérrez de C., E., Derecho Procesal Penal, 2a ed., Tecnos, Madrid, 1982. La legalidad procesal fijará entonces el cauce que la acción penal debe transitar a fin de obtener un pronunciamiento jurisdiccional definitivo, pero no por un específico procedimiento, ni siquiera por el procedimiento ordinario con sus habituales fases de instrucción o investigación, intermedia o preliminar, y de juicio, pues si la ley procesal ordena omitir alguna de estas fases bajo determinados supuestos, como la audiencia preliminar en el giudizio direttissimo italiano, o la de juicio oral en el procedimiento sumario portugués, en ambos casos el fiscal habrá cumplido con el ejercicio obligatorio de la acción penal. Un estudio de la jurisprudencia chilena, LexisNexis, Santiago, 2000, pp. Obligatoriedad: tiene carácter imperativo-atributivo, que por una parte establece obligaciones o deberes jurídicos y por la otra otorga derechos. Desde una óptica administrativista, estaremos entonces ante una potestad discrecional cuando el órgano pueda definir su propia política de actuación y optar, dentro del marco de la legalidad, entre diversas decisiones, todas las cuales son indiferentes para el ordenamiento y válidas37. La conformidad en el Proceso Penal Español, Y ed., Cedecs, Barcelona, 1998, p. 135; Berzosa, Ma V, "Los principios de legalidad y oportunidad en el proceso penal", en Picó I Junoy, J. 219 y ss., y, Fernández, M.Á. La ley impone sus mandatos, incluso en … 33 Usamos este término en la siguiente acepción: "facultad que la ley deja a los jueces o autoridades para la apreciación de circunstancias o para la moderación de sus decisiones", y no en aquella equivalente a "voluntad no gobernada por la razón, sino por el apetito o capricho", Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, 22a ed., 2001. Traducciones en contexto de "principio de obligatoriedad" en español-francés de Reverso Context: En Ucrania se reconoce y respeta el principio de obligatoriedad del … 20, 2005, pp. 6 De la Oliva, A., Aragoneses, S., Hinojosa, Rafael, Muerza, J. y Tomé, J. cit., pp. Añade que el control de la legalidad recae sobre el aspecto reglado del acto o actuación de la Administración, sin que el aspecto discrecional sea susceptible de control alguno. Discretionally criminal proceedings prosecutor office. De manera aislada en nuestra cátedra, Cerda y Hermosilla, ob. 42 Gómez O. y Herce Q., ob. Dentro de estos supuestos tipificados en la ley, se suele incluir por nuestra cátedra como manifestaciones de oportunidad reglada a la oportunidad estricta (art. cit., p. 116, a quien la dificultad para individualizar un ámbito de discrecionalidad guiada por indicación precisa de la ley le llevó a concluir que la posibilidad de regulación de la acción penal se reduce a la alternativa: obligatoriedad o discrecionalidad política; y, De la Oliva, ob. cit., p. 497-498, reconociendo que el art. Ello implica que el órgano debe optar entre elementos igualmente justos o equivalentes; Pierry, ob. En el otro extremo de la mesa, "la discrecionalidad técnica o interpretativa" presupone una operación de valoración de hechos e interpretación de normas en virtud de la cual se decide si se está técnicamente en condiciones de ejercer la acción penal y cuál es el modo más adecuado de hacerlo41. En otro sentido débil, se expresa con el término discrecionalidad que algún funcionario tiene la autoridad final para tomar una decisión que no puede ser revisada ni anulada por otro funcionario. los que se citan a continuación: Principio de tutelaridad, Principio evolutivo, Principio de obligatoriedad, Principio de realismo, Principio de sencillez, Principio conciliatorio. 38 De la Oliva, ob. Zagrebelsky, V., "Independencia del ministerio público y obligatoriedad de la acción penal", en Revista de Ciencias Penales, N° especial Ministerio Público, 1990-1993, pp. Sin embargo, creemos que una mirada más comprensiva de nuestro proceso penal pone en evidencia una diversidad de otros espacios en la regulación adjetiva penal, que permiten también al fiscal abandonar o suspender la persecución discrecionalmente, e incluso atenuar el rigor de la persecución penal por la que se haya decidido51. Para este autor, íbidem p. 167, el poder de disposición que compone el poder judicial no es producto de una concesión legal expresa consecuente con su acérrima oposición a la oportunidad, sino siempre el resultado de "carencias o imperfecciones del sistema y como tal es patológico y está en contraste con la naturaleza de la jurisdicción". cit., pp. Castro, C., Resabios Inquisitivos en el Proceso Penal Chileno, Metropolitana, Santiago, 2010. Como afirma Jiménez de Asúa: "de la ley surge la pretensión punitiva del Estado a reprimir los actos catalogados en su texto como delitos, con la pena conminada, y por eso la ley es, a la vez, fuente y medida del derecho de penar"19, o en las palabras de Maier, el principio de legalidad significa que "ante la afirmación hipotética de un conflicto social generado por la inobservancia a una norma penal, el acontecimiento real sucedido y la ley penal sean los únicos parámetros posibles de solución para el caso, razón la cual es preciso inquirir la verdad de aquello que ha sucedido, limitadamente a los elementos importantes para la solución del caso, según la ley penal, y decidir el problema únicamente por aplicación de la ley penal, de la pena estatal, en su caso"20. están detalladamente definidos por la norma que las confiere. Otero L., M., "El principio de oportunidad y salidas alternativas", en Revista de Derecho Procesal, núm. III. Nuestro máximo Tribunal también manifestó criterio análogo en SCS Rol N° 139-2002 de 27.03.2002, al decidir que: "es bastante dudoso que el MP con la intención de sancionar más severamente a un imputado de un delito pueda fundar la nulidad en el principio de reserva constitucional que históricamente se ha establecido para contener el poder del Estado en el ejercicio del ius puniendi y, por lo tanto, resultan tales principios baluartes de defensa de personas que, incriminadas, puedan resultar condenadas por hechos no sancionados por la ley, no tipificados adecuadamente o no establecidos como delictivos a la época de su comisión y por ello no resulta admisible invocar tales principios para imponer penas mayores a las aplicadas al imputado". Incluso los Notarios que autoricen documentos sujetos a inscripción en el RM tienen la obligación de advertir a los otorgantes, en el propio documento y de manera específica, acerca de la obligatoriedad de la inscripción. [12] Es una república organizada políticamente en treinta y dos departamentos descentralizados y el … "No Hay Ejercicio del Derecho Fundamental de Acción en el Proceso Penal. De este modo, la importancia de la relación obligatoriedad del contrato-ley aplicable, se resume en la individualización de la norma aplicable y la identificación de los derechos y obligaciones de los contratantes, que en otras palabras es la eficacia misma de los contratos. Con lo anterior en mente, en este trabajo intentaremos esencialmente acordar algunas definiciones básicas, pero trascendentales para el correcto examen de un sistema procesal, respecto de conceptos vinculados al problema teórico de la obligatoriedad de la acción penal3. 1° de la CADH ("Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción..."), la CIDH deriva la obligación de los Estados de "prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención" (cons. cit., p. 313; y, Horvitz y López, ob. Frente al principio de oficialidad se sitúa el principio de oportunidad. 455 y ss. 91-124. 47-179. 35 De igual parecer, Cafferata, ob. 8-11. Este apartamiento de la ley penal sustantiva no responde entonces a la disposición de una relación jurídico material nacida del hecho entre el acusador y acusado, en virtud de la cual aquel posea un derecho subjetivo a pedir la condena de este12, es decir, a ejercer una pretensión punitiva, sino una mera autorización legal en aras de otros intereses o valores estimados en el caso como superiores a la estricta observancia de la legalidad penal. Cómo proceder cuando se desea vender o traspasar una compañía, Incapacidad laboral en contratos por prestación de servicios, Implicaciones y retos del Acuerdo de Escazú. Asencio M., J.M., Principio Acusatorio y Derecho de Defensa en el Proceso Penal, 1a ed., Trivium, Madrid, 1991. cit., p. 522. de Derecho Procesal, Facultad de Derecho, Universidad de Chile, núm. II Congreso de Derecho Procesal de Castilla y León, Ministerio de Justicia, Madrid, 1989, pp. 46, 1972-1973, p. 15-16, ahondando en esta concepción, precisa que la discrecionalidad no es solo ausencia de estándares de control sustantivos y, en un sentido procesal, puede significar que el proceso usado para alcanzar la decisión es informal y provee oportunidades para una desviación incontrolada de la norma que gobierna el caso. Rosett, A., "Discretion, Severity and Legality in Criminal Justice", en S. Cal. 38 N° 2, 2011, pp. Parte General, 4a ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 1996. 2 Para un acabado y crítico estudio sobre estas prácticas, v. Del Río F., C., Proceso penal, consenso de las partes y enjuiciamiento jurisdiccional, Librotecnia, Santiago, 2009. cit., p. 10, sostiene que mientras un derecho penal albergue supuestos de oportunidad, el respeto al Estado de Derecho por parte del procedimiento dependerá de si los casos están determinados con absoluta precisión; las reglas de oportunidad vagamente formuladas destruirían por completo el principio de legalidad, y la persecución penal oportunista se extendería de forma epidémica sin forma de controlar ni limitar las decisiones de las autoridades instructoras de no perseguir un delito; De Diego D., ob. 135 y ss. Universidad Católica de Chile, 2008. Derecho Penal. Nuestra posición no implica preterir que la incorporación del principio de oportunidad en diferentes ordenamientos jurídicos del ámbito europeo-continental tuvo como una de sus razones principales la necesidad de hacer frente al aumento de la pequeña y mediana criminalidad, la que, en el caso particular de Alemania, se hizo imposible de contener y enjuiciar luego de la desastrosa situación económica y social en que varó esa nación tras las dos guerras mundiales, cfr. 229-230, resolvió que la estructura acusatoria del proceso penal no significa de modo alguno que la acción penal se inicie con la acusación; con esta lo que comienza es una fase acusatoria más del proceso penal, ya que la acción se desencadena con la entrada en juicio de una denuncia del crimen o con su instauración, de oficio, por el MP, no circunscribiéndose a aquella fase. XX, 1999, p. 426, es precisamente en ese sentido fuerte que debe tratarse el problema de la discrecionalidad del MP. El principio de oficialidad es el que obliga a la acción penal, no el de legalidad. Si seguimos a la doctrina autorizada, para la cual el ejercicio de la acción penal se materializa al formular acusación5, para que el MP pueda llegar a esa instancia, y allí ejercer la acción penal, se requiere previamente haber llevado a cabo una instrucción preliminar, sea o no formalizada, insoslayable para determinar que hay base plausible que confirme y afirme la comisión de un hecho punible del cual surja la acción penal y, unido a lo anterior, para que dicho ejercicio tenga alguna expectativa de éxito y el principio de obligatoriedad no revista un mero carácter simbólico. El Supremo Tribunal de Justicia de Portugal, en acuerdo de 14.03.1990, cit. 137 y ss. 43 Gómez O., E., Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, T.II, Bosch, Barcelona, 1947-1951, p. 528. Cea E., J.L., Derecho Constitucional Chileno, T. I, 2a ed., Ed. 10. 83 de nuestra Carta Fundamental mandata al MP el ejercicio de la acción penal pública "en la forma prevista por la ley", encargando al legislador determinar los márgenes de discrecionalidad con los que ese órgano desarrollará su labor persecutoria. Todo esto empeora en el procedimiento simplificado de resolución inmediata, en el que ni siquiera se contempla algún precepto al cual echar mano para que el órgano jurisdiccional efectúe un control previo como el que se dispone en el procedimiento abreviado, con la consiguiente inacción de nuestros Tribunales. Desarrolla extensamente ambos conceptos en el ámbito nacional Duce y Riego, ob. NOMBRE: CARTAGENA DELGADO LUIS EDUARDO. Pero, ¿por qué decimos que la voluntariedad es tan importante? 22 Obligación que nuestro ordenamiento expresamente impone al acusador público (art. 56-58, explican esto de la siguiente forma: "el Estado no comparece en el proceso penal a realizar 'su' derecho, sino a pedir la realización del derecho objetivo, que es tanto el derecho de la víctima cuanto el del delincuente". "Así, un primer test para determinar si un enunciado normativo es o no arbitrario es si tiene o no fundamentación de algún tipo, resultando arbitrario aquello que carece de fundamento. 34 En similares términos, Roxin, ob. significa, que en realidad el principio de oportunidad no se. Es decir, el principio de exclusividad significa que solo los juzgados y tribunales pueden aplicar la ley para emitir sentencias. 24 y ss. practica del profesor Concheiro lara sánchez naveira 2º ade derecho el principio de libertad religiosa es un derecho humano, ... Ejemplo de Unidad Didáctica; ... de que acompañe a dicha Hermandad siendo un acto policial de mantenimiento de la seguridad ciudadana que justifique la obligatoriedad en su participación no sería válido. Lo que al principio parecía ser una broma, al final terminó siendo lo más parecido a una obra de ciencia ficción. En lo que dice relación a los procedimientos especiales en que se introduce el carácter consensual en el ámbito penal, la ley solo ha dotado al juez en el procedimiento abreviado de limitadas herramientas para reprimir o acotar tales prácticas, herramientas que en todo caso deben ponerse en práctica cuidando no afectar el carácter acusatorio del proceso, en otras palabras, que el juez no asuma en los hechos el papel de acusador que el Fiscal ha desarrollado negligentemente. Como una excelente noticia calificaron la seremi de Energía de Atacama, Cecilia Sánchez Valenzuela, y su par de Bienes Nacionales, Mónica Marín Aguirre, la … Spanish Por esto la obligatoriedad del reconocimiento mutuo depende de la inclusión de precisiones adicionales en el procedimiento de registro simplificado. Separa este autor la discrecionalidad en un sentido "fuerte", de otros dos sentidos "débiles". 69-94. v.t. Hassemer, W., "La persecución penal: legalidad y oportunidad", en Jueces para la democracia, núm. This is carried out with the aim of enabling the interested reader to properly distinguish and individualize them when examining a specific procedural system. Así, la relación entre estos elementos es de exclusión, pues en la medida que un elemento no sea reglado será residualmente discrecional, y por tanto no susceptible de control judicial18. XXXVII, 2° sem. En el actuar no arbitrario, en cambio, hay motivo, es decir, un antecedente de hecho y de derecho en que se funda; y hay una justificación, es decir, un proceso racional de una decisión que la explica en fundamentos objetivos. cit., pp. Lafave, W., Israel, J., King, N. y Kerr, O., Criminal Procedure, 5a ed., West, 2009, p. 1075, y Alschuler, A., "Jury: Legal Aspects", en AAVV, Encyclopedia of Crime & Justice, vol. El Principio de Obligatoriedad explica precisamente, como su nombre lo indica, el porqué la acción de pagar impuestos es obligatoria para todos los contribuyentes y, así mismo, su justificación y porqué cuenta con facultad coactiva. No obstante, cuando se discute si se debe otorgar la cobertura se invocan normas del sistema previsional u otras afines a los seguros de cualquier clase cuando todos los supuestos de regulación que rigen vienen establecidos en la misma póliza de seguros. Ruiz V., E., Estudios de Derecho procesal penal, Comares, Granada, 1995. “Artículo 1361º.-. Posteriormente la doctrina jurisprudencial de este Tribunal evoluciona hasta plantear una "discrecionalidad no arbitraria", según la cual "el fiscal, al tener la dirección exclusiva de la investigación, puede ejercer ciertas facultades de manera discrecional. Un examen de la evolución de la jurisprudencia constitucional en esta materia, en Piedrabuena, G., "Rol del Ministerio Público en el nuevo proceso penal", en Revista Chilena de Derecho, vol. 46, 1972-1973, pp. cit., pp. PAGO DE ARL EN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INFERIOR A UN MES. Explican el antagonismo entre ambos conceptos en el ámbito administrativo García de E. y Fernández, ob. 170 CPP) la suspensión condicional del procedimiento (art. 23-34. Digámoslo de otra forma, la pretensión punitiva que obligatoriamente deberá perseguir el MP es aquella que corresponde al delito en el que se encuadra el hecho de que ha tomado noticia, investigado y acreditado, y no otra. Parte General, T.I., 1a ed., LexisNexis, Santiago, 2005, p. 27, es uno de los medios limitadores del derecho de castigar del Estado. Parte General, T.I., 2a ed., Ediciones Jurídicas de Santiago, Santiago, 2007. 258 CPP) que puede intentar el querellante, se ve comúnmente obstaculizado frente a la exigencia jurisprudencial de formalización previa54 esto último también sucede frente a una solicitud de sobreseimiento de la causa; y desde luego, la antojadiza manipulación de los hechos como de su calificación en los procedimientos simplificados de resolución inmediata (art. El concepto antagonista a la "obligatoriedad" es el de "discrecionalidad" en el ejercicio de la acción penal, y con ello apuntamos a la autorización legal dada al MP para decidir a su arbitrio33, la no iniciación, suspensión o abandono de la persecución penal, no obstante que los antecedentes conocidos del delito y su autor permitirían iniciar la investigación y requerir la imposición de una sanción penal34. Sujetos procesales, 1a ed., Editores del Puerto, Buenos Aires, 2003. Barros, L., Frühling, H., García, G., Quintana, A. y Sánchez, D., "El proceso penal chileno y su protección de los derechos del imputado", en Proceso Penal y Derechos Fundamentales. Con el principio de obligatoriedad el MP se somete exclusivamente a la ley penal, tanto a la procesal que regula sus competencias y potestades en la persecución y en el proceso como a la sustantiva que debe observar al hacer sus postulaciones, mientras que con el principio de discrecionalidad el MP está sometido exclusivamente a la ley que regula sus competencias y potestades, pero estas mismas normas lo autorizan para sustraerse con mayor o menor amplitud, y mayor o menor control judicial, a la ley penal sustantiva al momento de promover la acción penal, e incorporar criterios de oportunidad en su dictamen. 30, núm. Por último, en el proceso regido por el principio acusatorio, una vez impuesto el órgano jurisdiccional de la prueba de cargo en el juicio, nace para él el deber de condenar, si fuera el caso, y no omitir discrecionalmente la sanción por motivos de oportunidad o conveniencia, salvo autorización legal28. ¿Qué importancia tiene la relación obligatoriedad del contrato con la ley a? SSTC Rol N° 815-07 de 19.08.2008, Rol N° 1337-09 de 20.8.2009, Rol N° 1.467-2009 de 29.12.2009, Rol N° 1341-2009 de 15.04.2010, Rol N° 1380-2009 de 03.11.2009, Rol N° 1445-09 de 29.01.2010, Rol N° 1404-09 de 18.05.2010, Rol N° 1394-09 de 13.07.2010, Rol N° 1542-09 de 31.08.2010, y Rol N° 1484-2009 de 5.10.2010. Bustos, J., Derecho Penal. Ruiz V., E., "El principio de oportunidad reglada", en AAVV, La Reforma del Proceso Penal. 4, 1988, pp. Fernández, M.Á. 8° de la Declaración de los Derechos del Hombre de 26 de agosto de 1789. Por tanto, si bien es verdad que en diversos momentos el agente público hará un uso arbitrario de una potestad discrecional, de todos modos nos interesa mantener, al menos conceptualmente, clara tal distinción para efectos de este artículo, por lo que enfatizaremos en los múltiples espacios para un no ejercicio discrecional de la persecución penal que la ley adjetiva nacional deja al MP, permitiéndole desoír el mandato de obligatoriedad que lo gobierna, más allá si tal inconducta es arbitraria o no aunque recurrentemente lo será. 124.1 Const. cit., p. 215, añade sobre la oportunidad libre lo siguiente: "un sistema tan abierto, que rompe con toda idea de plena sumisión a la ley y al Derecho dado, resultada extraño a nuestra cultura jurídica [europeo-continental] y a nuestra concepción de un Estado de Derecho y pugna, además, con los sentimientos de justicia de nuestra sociedad, por lo que difícilmente es trasladable a nuestro ordenamiento". 124.2 de la Constitución española, y además puntualiza que aunque el art. 285-295, al analizar la compatibilidad de la oportunidad con el principio de legalidad contemplado en el art. Piura, con experiencia en Derecho del Consumidor, Contratos, Derecho de Familia. cit., p. 67, considera la facultad de instar a la formalización como conciliable con el rol accesorio de la víctima en el proceso penal. obligatoriedad de la acusación, lo que en otras palabras. [en línea]
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