ejemplo, para el caso de la prisión preventiva: STCE n.° 32/1987, de 10-03-87). 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos e implica que ninguna disposición de ese tratado puede interpretarse para excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que deriven de la forma democrática representativa de gobierno o excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza o bien, limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad. 2.- El Derecho del trabajo y las normas que lo regulan. 8.- La modificación del contrato de trabajo. Ejemplos De Los Principios Del Derecho Del Trabajo Uploaded by: RichardMamaniQuispe November 2019 PDF Bookmark Download This document was uploaded by user and they … IV. Deje su wsp en los comentarios para recibir las diapositivas del «Curso de investigación preparatoria en el CPP», Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Guarda mi nombre, correo electrónico y web en este navegador para la próxima vez que comente. De acuerdo con el principio de jerarquÃa normativa la norma de rango inferior nunca puede contradecir a la norma de rango superior. En esos casos, el Derecho a la Constitución y los principios bajo examen obligan a justificar, a la luz de los parámetros constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad, la reducción de los niveles de protección». Lecciones», del maestro César San Martín Castro, un manual cuya lectura es obligatoria para principiantes y especialistas en materia procesal. Se aplicará el contrato de trabajo. Estas excepciones de determinadas personas de la aplicación del ordenamiento procesal penal solo se explican en atención al cargo u oficio público que ostentan [TOMÉ]. Otro aspecto que hay que tomar en cuenta para justificar la regla de la aplicación de la norma más favorable, y por tanto, la flexibilización de la jerarquía de la fuentes, es el reconocimiento a nivel constitucional y del derecho internacional ambiental del principio precautorio o «in dubio pro natura», cuya observancia implica que todas las actuaciones de la administración pública y los p articulares en temas sensibles al ambiente, sean realizadas con el celo adecuado para evitar riesgos y daños graves e irreversibles. 1. La regla debe ser aplicada en casos de auténtica duda para valorar el verdadero alcance de la norma o de los hechos, escogiendo entre ellos el sentido que más le favorezca al trabajador. El principio general de objetivación de la tutela ambiental, también llamado «principio de vinculación a la ciencia y a la técnica, o bien, principio de razonabilidad en relación con el derecho ambiental, ha sido reconocido y desarrollado ampliamente en la última década por parte de la jurisprudencia constitucional costarricense, y consiste básicamente en la obligación de acreditar, mediante estudios técnicos y científicos, la toma de decisiones en materia ambiental, ya sea en relación con actos administrativos individuales o disposiciones de carácter general, tanto legales como reglamentarias (37), reforzando con ello el deber de contar siempre y en toda situación en donde pueda resultar afectado el ambiente, con estudios técnicos y científicos serios, exhaustivos y comprehensivos que garanticen el menor impacto ambiental posible. garantía de objetividad que sustenta el principio de legalidad, El artículo VII.2 TP del CPP establece, expresamente, una tercera, excepción: cuando la nueva ley procesal se refiera a derechos individuales y sean, más favorables al imputado, En este caso se altera el principio de preclusión y, se dispone su aplicación retroactiva, incluso para los actos ya concluidos si fuera. El criterio que se ha de seguir, por tanto, será el afianzamiento de la garantía de objetividad que sustenta el principio de legalidad. El artículo 99 de la Constitución fija dos clases de acusación constitucional, la acusación constitucional en vía de juicio político -dedicada a las infracciones constitucionales al margen de su posible contenido penal, destinada a valorar políticamente la conducta funcional-, y la acusación constitucional en vía de antejuicio político -circunscrita a la comisión de delitos cometidos en el ejercicio del cargo- [GARCÍA TOMA]. 34 de la Constitución Política que obedece a su vez a los principios de legalidad y seguridad jurídica. Es de distinguir, por lo demás, la competencia internacional de los, tribunales penales peruanos. El criterio que se ha de seguir, por tanto, será el afianzamiento de la. III. Actualmente se está negociando un nuevo convenio aplicable a su sector, y por las noticias que le han llegado a través del delegado de personal,se suprime el derecho a este plus. Sentencia número 145-2002 del 09 de abril de 2002. efectos sustanciales” [BORRERO RESTREPO]—. especial naturaleza (SCSJC n.° 23880 de 2005). artículos 93 § 3, 161 § 3 y 201 § 2 de la Constitución. El principio general en la materia es que la norma procesal penal, por imperio de la idea rectora de igualdad ante la ley (artículo 22 de la Constitución), se aplica a todas las personas, sin distinción o exclusión alguna, que cometen un delito dentro del ámbito territorial del Estado, con las extensiones que impone el derecho penal internacional (artículos de 1, párrafo final, al 4 del Código Penal). Según la jurisprudencia laboral, solo se puede recurrir a este principio en caso de duda, para determinar el sentido correcto cuando una norma o situación engendra en sí misma varios sentidos. Los actos procesales, ya cumplidos y que han quedado firmes bajo la vigencia de la norma anterior no. La Disposición Final del CPP establece el criterio general de aplicación, del nuevo Estatuto Procesal Penal, Prescribe que el CPP entrará en vigencia. punible (STC n.° 2496-2005-PHC/TC, FJ 12). En esta misma perspectiva, a fin de evitar la indefensión que generaría, cambios sorpresivos en la legislación procesal a partir de la cual se estructuró la, correspondiente estrategia procesal y la eficacia de los actos procesales, el artículo, VII.1 TP del CPP prescribe que seguirán rigiéndose por la ley anterior, los medios, impugnatorios ya interpuestos, los actos procesales con principio de ejecución y, los plazos que hubieran empezado -referido a los medios de impugnación y a, todo tipo de actuaciones procesales, incluyendo por cierto las medidas limitativas, restrictivas de derechos-. (36) Tribunal Superior Tribunal de Justicia de Brasil, Sala 2, caso: Brasilit Industria e Comercio Ltda. Esta norma suprema prescribe que, las leyes no tienen fuerza ni efecto retroactivo, rigen por ende a partir de su plena, El artículo 51 de la Constitución estipula que la publicidad, es esencial para la vigencia de las leyes, y el artículo 109 sanciona que esta es, obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial, salvo que la, propia ley contenga disposición contraria que postergue su vigencia en todo o en, parte la irretroactividad de la ley, en consecuencia, es esencial y consolida el valor, de seguridad jurídica, que en sede procesal significa que las partes tienen derecho a, saber de antemano que su pretensión y defensa se ejercitarán en un procedimiento, en el que el programa de posibilidades, cargas y obligaciones procesales ha de. Además, expresamente señala la prevalencia de las normas no escritas por sobre las escritas de rango inferior (24). judicial, que tiene un carácter ampliamente discrecional-. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, sentencia número 2007-17552 del 30 de noviembre de 2007. Rige el brocardo lex fari, de manera tal que todo acto procesal llevado a efecto en el Perú por nuestros jueces se tramitará conforme a nuestras normas, incluso las actuaciones procesales realizadas por jueces nacionales en funciones de auxilio judicial internacional y, por tanto, en el marco de un proceso extranjero regido por los preceptos imperantes en ese país. Tiene un carácter corporativo, pues protege al órgano constitucional como tal -su capacidad funcional [TIEDEMANN]- y no de sus miembros en particular, a estos se les protege en la medida que representan al órgano al que pertenecen y su calidad de tales, no como un derecho subjetivo. No pueden modificar hechos ya ocurridos con anterioridad a la vigencia de la nueva norma, de suerte que rige el apotegma tempus regis actum. Desde la perspectiva espacial solo alcanza a las imputaciones por delitos cometidos dentro del ámbito territorial del Estado, con las excepciones legalmente previstas contempladas en el Código Penal. WebCONDICION MAS BENEFICIOSA EJEMPLO: Un trabajador firmó su contrato hace tres años, se estableció en éste que la empresa le pagaría un plus de transporte. A diferencia de la acusación, constitucional se circunscribe a los delitos comunes, con exclusión de, los cometidos en el ejercicio de las funciones. No son aceptables, sin duda, las excepciones referidas, a las normas que regulan el proceso mismo como forma instrumental usada por, el juez para el cumplimiento del objeto de la administración de justicia, esto es, la, actuación del derecho penal material en el caso concreto [MORAS] -las denominadas, normas simplemente instrumentales-. Esta última es la que le interesa al derecho procesal penal. la entrega por parte de la empresa de una cesta de navidad, Tal y como se desarrolló anteriormente, las fuentes materiales y las formales no escritas poseen una función informadora en la medida en que inspiran al legislador, sirviendo como base al ordenamiento jurídico; a la vez cumplen una función normativa, porque actúan como fuente supletoria en caso de ausencia de la ley; y además poseen una función interpretadora y delimitadora al operar como criterio orientador del juez o del intérprete a la hora de aplicar la norma a un caso concreto. Esta regla le otorga una especial connotación al derecho laboral al romper con los esquemas más rígidos y tradicionales de la jerarquía de las normas. (27) PRIEUR, Michel:El nuevo principio de no regresión en derecho ambiental, Bruxelles: Editions Bruylant, 2012. país requerido procederá conforme a su legislación —no a la legislación peruana—. penal está legislativamente admitida —en consecuencia, no está en discusión—. 17 del Código de Trabajo, el cual dispone lo siguiente: «Para efectos de interpretar el presente Código, sus Reglamentos y sus leyes conexas, se tomarán en cuenta, fundamentalmente, el interés de los trabajadores y la conveniencia social». Es, propiamente, una prerrogativa competencia o especialidad funcional, en virtud de la cual el conocimiento de esos delitos no se atribuye a los, órganos jurisdiccionales ordinarios sino a otros de categoría superior, [TOME PAULE], Es una excepción al régimen general de distribución de la, competencia objetiva de los órganos judiciales [GIMENO], y como los altos, funcionarios concernidos están sometidos a un fuero distinto del común se, les denomina “aforados” [CALDERÓN/CHOCLÁN]. Para evitar esta negativa consecuencia, el legislador laboral consagra unos principios de ordenación normativa especÃficos del Derecho Laboral, que exponemos a continuación: Finalmente, también posee un gran valor en el proceso de aplicación e interpretación de las normas jurÃdicas, la Jurisprudencia constituida por la doctrina que de forma reiterada establece el Tribunal Supremo en sus sentencias al aplicar e interpretar las normas jurÃdicas y los principios generales del Derecho. El problema que se plantea es que tanto la Constitución —artículo 103: “Ninguna ley tiene efecto retroactivo¡ salvo en materia penal, cuando favorece al reo”— como el nuevo Código Procesal Penal —artículo VII.2: “La ley procesal referida a derechos individuales que sea más favorable al imputado, expedida con posterioridad a la actuación procesal, se aplicará retroactivamente […]”— afirman la posibilidad de que la ley procesal penal —que, sin duda, es una ley en materia penal o que integra el ámbito de la legislación penal— se aplique retroactivamente siempre que favorezca al reo o imputado. El principio de norma más favorable como- criterio de ordenación de las normas-laborales.—2. Dos son los ámbitos de esta institución. 50 constitucional, al reconocer un modelo de desarrollo económico y social respetuoso y coherente con un ambiente sano y ecológicamente equilibrado como primer paso para la consolidación de un Estado Social y Ambiental de Derecho (5). Disponible en http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3033/14.pdf. El problema de la aplicación de las leyes procesales en el tiempo se refiere a los procesos en curso cuando entra en vigor una ley nueva —situación que se presenta porque el proceso se desarrolla a lo largo del tiempo, no es datable [DE LA OLIVA]—. una prerrogativa institucional; un obstáculo al ejercicio de la jurisdicción, del Congreso como institución y de sus miembros de manera individual, -esto último en tanto derechos reflejos de los que goza el alto funcionario. Su fundamento radica en la necesidad de asegurar la independencia y la libertad de un determinado órgano constitucional o autoridad en el ejercicio de poderes y funciones de relevancia constitucional [GIMENO]. Webel principio de la condición más beneficiosa se aplica a supuestos de sucesión normativa para mantener situaciones jurídicas no consolidadas de trabajadores a quienes, si bien no han adquirido determinados derechos, se les debe garantizar la protección de las mismas con el objeto de reducir el impacto social del tránsito normativo en materia … La Corte Suprema de Justicia de Colombia, en una posición que es de compartir, fija como criterios los siguientes: A. Que se trate de institutos procesales análogos, similares o equivalentes. 60 0 obj <>/Filter/FlateDecode/ID[<148E528A5F1FC64E9E249D1669141A2C><7BD3EF723BFE144EBBAE3617D12D9161>]/Index[47 19]/Info 46 0 R/Length 73/Prev 442421/Root 48 0 R/Size 66/Type/XRef/W[1 2 1]>>stream El derecho ambiental posee un carácter finalista.Dentro de sus objetivos, se encuentra la tutela de bienes jurídicos del más alto rango, básicos, esenciales e indispensables como lo son la vida, la salud y el equilibrio ecológico, a través de normas jurídicas que buscan «proteger más y contaminar menos», o sea, «aumentar la biodiversidad y disminuir la contaminación» (27), por medio de un uso racional de los recursos naturales con la finalidad de satisfacer las necesidades de las actuales y futuras generaciones. De ahí que dichos actos, que conforman el proceso nacional, y que van a tener, eficacia en este proceso, se desarrollen bajo la aplicación de la norma procesal, El artículo 103 de la Constitución afirma el principio fundamental en, materia de aplicación de normas en el tiempo. PRINCIPIO DE LA NORMA MÁS FAVORABLE El factor de aplicación de la norma procesal penal, a diferencia de la norma penal material, está referido a los hechos o actos procesales, no al hecho punible: no existe un derecho adquirido para ser juzgado por el procedimiento vigente en el momento de concretarse el hecho punible (STC n.° 2496-2005-PHC/TC, FJ 12). Al respecto, señala el citado autor, lo siguiente: «El vértice de la pirámide de la jerarquía de las normas laborales será ocupado por la norma más favorable al trabajador de entre todas las diferentes normas en vigor»» (PLA RODRÍGUEZ, Américo: «Los principios del derecho del trabajo», op. (4) Las fuentes materiales del derecho ambiental parecen pasar desapercibidas frente a las formales, y por lo general, no se les da la importancia que realmente ostentan en cuanto a conformar e integrar el sistema de fuentes, en especial su papel integrador, delimitador e interpretador. de derecho procesal penal están sujetas a situaciones que contempla, de un lado, el derecho internacional público y, de otro, el derecho constitucional. El estatus constitucional y carácter finalista del derecho ambiental, así como los principios protector, «in dubio pro natura», progresividad, y no regresividad, obligan al operador jurídico a aplicar las reglas de la norma más favorable y de la condición más beneficiosa para el interés público ambiental, lo anterior independientemente de su rango o nivel jerárquico, de tratarse de una norma de carácter general o especial, o de su promulgación en el tiempo. Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos. Se discute si el criterio general del factor de referencia centrado en las, actuaciones procesales puede ser objeto de excepciones o de una aplicación, discriminada según los casos. De uno u otro modo, las tres son garantías -no privilegios o beneficios- para, poder ejercer las labores o funciones constitucionalmente asignadas, en especial, de, fiscalización o control político, buscan impedir que prosperen eventuales denuncias, que impidan o bloqueen la labor o misión constitucional asignada al cargo, en, especial de fiscalización [HAKANSSON]. La Disposición Final del CPP establece el criterio general de aplicación del nuevo Estatuto Procesal Penal, Prescribe que el CPP entrará en vigencia progresivamente en los diferentes distritos judiciales según un calendario oficial, aprobado por decreto supremo, De este modo se presenta la singularidad de que en un mismo país y momento coexisten dos normas vigentes, pero implementadas de modo distinto según ámbitos geográficos o distritos judiciales determinados; es decir, un solo país o territorio, pero con dos estatutos procesales vigentes implementados diferencialmente. (31) Al respecto, se recomienda el artículo del profesor González Ballar. A raíz del principio precautorio de «in dubio pro natura», el Estado debe adoptar acciones anticipadas, necesarias para proteger y conservar el ambiente y la salud de las personas, cuando exista riesgo de afectación para aquellos (33), teniendo consecuencias en materia procesal en relación con la adopción de medidas cautelares (34), así como en la carga de la prueba (35), esta última regulada por el art.109 de la Ley de Biodiversidad, recayendo en cuanto a la demostración de ausencia de contaminación, degradación o afectación ambiental, en quien se le acuse de haber ocasionado daño ambiental. Es el caso de la Constitución frente a la ley y al resto de las normas del orden, y es también el caso de la ley frente al reglamento, en caso de contradicción prevalece siempre y necesariamente la ley. Aunado a lo anterior, y en virtud de su estatus constitucional y carácter finalista, consideramos aplicable la regla de la norma más favorable a situaciones propias del derecho ambiental. penal el momento de la comisión del hecho punible, que solo determina el objeto, procesal, y no regula los actos procesales ni las potestades y situaciones jurídicas, procesales; por tanto, la irretroactividad material y la procesal operan utilizando, como referencia elementos o datos no coincidentes. Sentencia constitucional 2 012-550. LA OLIVA]—. Estas inmunidades solo serán superadas en tanto sean objeto de renuncia por el Estado acreditante, que ha de ser siempre expresa y ha de comunicarse por escrito al Estado receptor [JESCHECK]. ESA SALARIO. De igual forma, todos aquellos principios y valores constitucionales de carácter ambiental, muchos de ellos contenidos en instrumentos internacionales tanto de «hard law» (30) como de «soft law», una vez reconocidos por la propia jurisprudencia constitucional, tales como: protector, preventivo, precautorio, contaminador pagador, reparación in integrum, progresividad, no regresión, desarrollo sostenible, interés público ambiental, participación pública, entre otros, se elevan por encima de todo el ordenamiento jurídico hasta lo más alto de la escala jerárquica de las fuentes, poseyendo no únicamente funciones de integración, delimitación e interpretación, sino que además, se posicionan como parámetros de constitucionalidad, debiendo las demás normas jurídicas independientemente de su rango jerárquico, ajustarse a sus lineamientos bajo sanción de invalidez. Es válido porque se ajusta a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores. El principio general de libertad, de intervención mínima y en general, la función preventiva del Derecho Penal obligan a considerar la no aplicación de una norma penal menos favorable en un momento posterior al de su vigencia. Las modificaciones debe ampliar y no Es un criterio que debe utilizar el juez o el intérprete de la norma, con el fin de escoger entre varios sentidos que tenga la norma, aquel que más favorezca a los trabajadores.Esta última «regla» generalmente es confundida con el principio protector, pero en realidad solo forma parte de aquel (20). (25) SALA Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto N.° 2011-6221, del 13 de mayo del 2011. pueblo y magistrados del Tribunal Constitucional (artículos 93, § 2; 161, § 3; 201, § 2, de la Constitución), pues es propiamente una inmunidad de jurisdicción, material que no se traduce en una inaplicabilidad de la ley procesal penal por un, obstáculo temporario para la persecución penal [MAIER], En estos casos lo que, no se aplica es la ley penal material y con un carácter permanente, por tanto, es, un instituto de derecho penal material-constitucional, Se considera una garantía, funcional indispensable para proteger a dichos altos funcionarios de persecuciones, de los otros poderes del Estado o de los particulares afectados por sus intervenciones. III. (11) JIMÉNEZ MEZA, Manrique:«Jurisprudencia Constitucional y Daño Ambiental», en Seminario sobre Daño Ambiental, Memoria, Procuraduría General de la República, San José, 2001. Apunta a evitar una intencional política hostil a los parlamentarios, magistrados constitucionales y defensor del pueblo. modificar hechos ya ocurridos con anterioridad a la vigencia de la nueva norma, norma procesal penal, a diferencia de la norma penal material, está referido a los, hechos o actos procesales, no al hecho punible: no existe un derecho adquirido para, ser juzgado por el procedimiento vigente en el momento de concretarse el hecho. – FERRER MAC-GREGOR, Eduardo: «Interpretación conforme y control difuso de convencionalidad.El nuevo paradigma para el juez mexicano», en Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México. Se trata, propiamente, de una prerrogativa procesal o un especial reforzamiento de las garantías procesales en los procesos penales que se pudieran seguir contra determinados altos funcionarios públicos (el artículo 99 de la Constitución realiza una enumeración taxativa de ellos). Al respecto, ha expuesto la Sala Constitucional lo siguiente: «Con relación a la vigencia temporal de la ley penal, debe decirse que en general, los hechos punibles se han de juzgar de conformidad con las leyes vigentes en la época de su comisión. Este evalúa, no la existencia de indicios de criminalidad como es el caso de la acusación constitucional, sino en aras de la defensa de la institución parlamentaria examina si la vía penal puede ser utilizada con la intención de perturbar el funcionamiento del órgano constitucional o de alterar su composición. No son aceptables, sin duda, las excepciones referidas a las normas que regulan el proceso mismo como forma instrumental usada por el juez para el cumplimiento del objeto de la administración de justicia, esto es, la actuación del derecho penal material en el caso concreto [MORAS] -las denominadas normas simplemente instrumentales-. Tratándose del derecho público, la Ley General de Administración Pública va más allá, disponiendo que las fuentes no escritas llegan a obtener el rango jerárquico de la norma que interpretan, integran o delimitan, y ostentan rango de ley en el tanto suplan la ausencia y no la insuficiencia de las disposiciones que regulan el derecho administrativo. autorización previa del Congreso -se trata de un plazo de caducidad-. El criterio general común de la eficacia temporal de las normas jurídicas, es que estas se aplican a los hechos ocurridos durante su vigencia.
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